Así lo señaló el magistrado del PJCDMX, Miguel Ángel Mesa Carrillo, de la Sexta Sala Civil, al participar en el Congreso Internacional de IA, organizado por la Cámara de Diputados.
En ese marco, aseguró que la IA representa una oportunidad sin precedentes para transformar los procesos de auditoría y rendición de cuentas en el país, que dé como resultado un uso más eficiente y responsable de los recursos públicos.
La implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en la fiscalización de recursos públicos debe sustentarse en un marco normativo robusto e integral que incluya aspectos de ciberseguridad, a fin de evitar riesgos no prevenidos que puedan llevar a una catástrofe de fraudes masivos no detectados, manipulación política, caos financiero, devaluaciones, contrabando, corrupción, o delincuencia organizada, advirtió el magistrado del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), Miguel Ángel Mesa Carrillo.
Al participar en el Congreso Internacional de IA en la Cámara de Diputados, aseveró que dicha herramienta es una oportunidad sin precedente para transformar los procesos de auditoría y rendición de cuentas en el país, y lograr con ello elevar los niveles de transparencia, detectar irregularidades de forma proactiva y contribuir, en general, a un uso más eficiente y responsable de los recursos públicos.
El integrante de la Sexta Sala Civil urgió en la necesidad de que, en esa materia, se cuente con una ley específica y clara, no de “parches” legislativos, así como de inversión en capacitación e infraestructura técnica, que permita a las oficinas públicas desarrollar sus proyectos en el día a día, pues alertó que sin presupuesto se podrá tener la mejor ley, pero no “no se caminará a ningún lado”.
Con la presencia de especialistas convocados por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del órgano legislativo, Mesa Carrillo, quien incluso presentó una propuesta de articulado para la ley en la materia, insistió en que se debe poner especial énfasis en el tema de ciberseguridad.
La ciberseguridad, dijo, tiene que ser fundamental en cualquier marco legal que regule la IA, a fin de tener cuidado en la diferenciación entre datos públicos y datos privados. Asimismo, recomendó incluir en la legislación aspectos tales como la creación de una red nacional de seguridad y uso de protocolos obligatorios, acorde a experiencias internacionales de países como Estonia, Israel y diversas naciones de la Unión Europea.
“En comparación con modelos internacionales en cuanto a certificación, transparencia y sanciones, sería interesante retomar lo que ya existe en la Unión Europea y Brasil, donde se prioriza la necesidad de certificar, vigilar, controlar y supervisar las acciones de la IA en un marco ético de respeto irrestricto a derechos humanos”, consideró.
El magistrado, asimismo, hizo un llamado a la cooperación entre los diversos sectores de la sociedad, que incluya a la academia, así como a poner especial énfasis para contrarrestar aspectos como una infraestructura débil, la opacidad y falta de experticia
Recordó que instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, son las que tienen las mayores oportunidades de utilizar la IA para la fiscalización de recursos.
